El Departamento Ejecutivo elevó al Concejo un nuevo proyecto de ordenanza (033-I-2014) declarando “política pública municipal” la prevención y lucha contra la trata de personas y la explotación sexual, que incluye los cambios normativos surgidos en los últimos años en el
Congreso de la Nación, que entre otros puntos fija penas más rigurosas y ajusta el sistema penal a los convenios internacionales en la materia.
Entre las innovaciones que plantea la ley nacional, el consentimiento de la víctima no constituirá causal de eximición de la responsabilidad penal. Se eliminan así los medios comisivos que requerían probar la falta de asentimiento de la víctima, ya sea en casos de trata, como proxenetismo y rufianismo.
Tras el envío del mensaje al Legislativo local, el subsecretario de Legal y Técnica, Jorge Lagna, recordó que hace dos años el Ejecutivo había enviado un proyecto de ordenanza en el mismo sentido que incorporaba la prohibición de todo tipo de casas de tolerancia y prostíbulos, y que contemplaba el seguimiento y la contención de las víctimas a través de las áreas sociales.
“No logramos que el Concejo lo tratara en este tiempo; durmió en un cajón y perdió estado parlamentario”, lamentó.
Desde entonces, “la Provincia sancionó la ley 13.339 creando un programa para combatir este flagelo, y hubo hechos que tocaron a localidades cercanas”, narró Lagna, robusteciendo los argumentos de esta nueva presentación que “viene a reafirmar la política de esta gestión
municipal en el tema, siendo pionera” más allá de no prosperar en la esfera legislativa.
“El primer proyecto surgió tras una mesa de género que debatió el tema, donde incluso participaron los concejales. Luego, por ideas particulares de los concejales y sobre todo de la mayoría opositora, no se trató. Es el Concejo donde deben debatirse estas cosas”, afirmó el funcionario.
Acto seguido, destacó que la Municipalidad “con todos los elementos a su alcance” seguirá asistiendo a las trabajadoras sexuales. No obstante, aclaró que “hay institutos de otra índole, nacionales y provinciales, que tratan el tema”.
Explotación o trabajo.
La subsecretaria de Desarrollo Social, Alejandra Filippetti, apuntó que “en esta ordenanza retomamos aquello que el Municipio puso a disposición desde el primer proyecto: el trabajo interdisciplinario y entre áreas con aquellas personas que sean víctimas de explotación
sexual o del trabajo sexual, según las posturas”, añadiendo que la Provincia, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, creó un área específica para abordar la temática.
Luego remarcó que aquel debate local “tuvo la profundidad que requiere esta problemática”, involucrando a un arco de instituciones locales y representantes de organismos nacionales y provinciales.
“Tal vez cuesta entender de qué manera afecta a una persona ser explotada sexualmente. Tiene que ver con una cuestión cultural occidental y no hay condena social. En esos debates que impulsamos desde el Municipio surgieron mujeres que se consideran trabajadoras sexuales”, concedió Filippetti.
Pese a las interpretaciones, la ley nacional habla de “explotación sexual”, penando la “facilitación de la prostitución”, una figura incorporada al Código Penal con alcance a terceros.
“La prostitución no es delito, sí la explotación. En Argentina hay una ley que rige este tema desde el año 1935 y que no habilita a la prostitución como trabajo, por eso no gozan de beneficios sociales como ocurre en otros países. Es un debate que falta en el país y que hay que dar, pero no es de incumbencia municipal”, abundó Lagna.
El proyecto.
El nuevo proyecto prohíbe “en todo el territorio de Venado Tuerto” la habilitación de lugares comerciales que faciliten el ejercicio de la prostitución o la explotación sexual, en todas sus formas. Y dispone la caducidad automática de las habilitaciones vigentes desde el momento de su promulgación.
Además crea una comisión de seguimiento y evaluación de acciones, integrada por miembros del Ejecutivo, Concejo, Defensoría del Pueblo de Santa Fe y ONG locales vinculadas a esta problemática. También invita a integrar la comisión a los poderes Ejecutivo y Judicial provinciales, a la delegación local de la Policía Federal y a la Asociación de Mujeres
Meretrices de Argentina (AMMAR).
En la misma línea, promueve campañas de difusión y concientización apuntadas a prevenir el delito de trata y explotación sexual, y dispone que el Programa de Género y Familia coordine con otras áreas municipales y organismos la implementación de planes y acciones tendientes a una mejor asistencia de la víctima y su entorno familiar.
Finalmente, adhiere a las disposiciones de la ley provincial 13.339.
Alejandra Filippetti, subsecretaria de Desarrollo Social y Jorge Lagna,
subsecretario de Legal y Técnica.
subsecretario de Legal y Técnica.
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