La seguridad debe ser prioridad para el
Estado quien tiene a su cargo garantizar este derecho a los
ciudadanos, y por ello la Constitución otorga a los gobiernos
nacional y provincial la creación de las “fuerzas seguridad a
las que debe conducir y orientar.
En consecuencia una policía que
perdió la eficacia preventiva e investigativa y una justicia
subjetiva, hoy nos dejan a merced de la impunidad de quienes
delinquen.
No nos alcanza con que nos digan que
hay pocas denuncias, la realidad que viven cada día nuestros
habitantes es muy diferente a la que nos muestran las estadísticas
oficiales y a las que podemos desbaratar con distintos argumentos:
en principio gran parte de las víctimas no asisten a hacer la
denuncia porque temen o desconfían de las fuerzas de seguridad. Otro
planteo reiterado es que la víctima que realiza una denuncia recibe
un destrato considerable en las comisarías y eso es algo que las
autoridades provinciales saben y para contrarrestar esa falencia
aprobamos la creación de los centro de denuncias. Grave es que
cuando la víctima supera la barrera burocrática y puede finalmente
después de muchas idas y venidas para hacer su denuncia, al volver a
su casa encuentra al asaltante o agresor pasar en libertad.
Finalmente el cuarto argumento es escandaloso, dado que muchos de
los comercios asaltados, son victimados una y otra vez, hasta que
contratan una custodia policial.
Responsabilidades
Si como nos dijo el Ministro Galassi
-en la reunión con el intendente de la ciudad de Venado Tuerto y las
entidades intermedias- las órdenes a la policía se las da el
Gobernador Bonfatti ,a través de su Ministro de Seguridad, es
evidente que todavía no esta dando buen resultado el sistema. O las
ordenes no son tácticas para la prevención e investigación del
delito o los responsables de la seguridad no le hacen caso y en ese
caso , como en un equipo cuando se pierde la eficacia se cambia al
Director Técnico, por lo menos en este sur se debería rever la
estrategia de la cúpula policial o cambiar los estrategas.
Este irritante panorama -que el
gobierno provincial intenta esconder bajo una alfombra de cargos y
nombramientos en un sistema de seguridad colapsado y corrupto- ya lo
veníamos advirtiendo desde la legislatura, aún antes de la puesta
en marcha definitiva del nuevo Código Procesal Penal, cuando
perdimos casi dos años en aceptar la necesidad de tener una polica
judicial, herramienta fundamental para que las investigaciones de la
fiscalía lleguen a buen puerto, proyecto demorado y rechazado porque
nació en el bloque justicialista.
Las leyes
Quizás ya no es necesario crear nuevas
leyes, solo aplicar las que están y eso no es tarea de un
legislador, sino del Ejecutivo Provincial.
Es de lógica común que si una ley no
es aceptada por la comunidad o no da el resultado esperado se debe
cambiar o modificar, por esto desde nuestra banca impulsamos una
modificación a los art. 219 -220 del Código Procesal Penal
Santafesino que refiere a la prisión preventiva, solicitando que se
tomara en cuenta, para agravar el hecho, si el imputado había usado
un arma al momento de cometer el delito, propuesta que mereció el
reconocimiento del fiscal general de Provincia, Don Julio de
Olazabal.
También impulsamos un proyecto de ley
solicitando se suspenda la aplicación de los artículos 221 y 222 de
la Ley 12734 que refieren a la morigeración o alternativa a la
prisión preventiva en los casos de que se trate de personas
reincidentes, con antecedentes por delitos reiterados o en casos de
flagrancia.
Además y en pleno conocimiento que la
droga es una las mayores causales del delito impulsamos la Ley de
Menor Cuantía que llevaría a los Juzgados provinciales los casos
de comercialización de droga en pequeñas cantidades, que en gran
parte no son atendidas por los Juzgados federales rosarinos y
permite que proliferen los sistemas delivery y kioscos , como lo
hemos visto en los últimos meses, que desbaratan uno y nacen como
hongos muchos mas rápidamente, porque el castigo queda sumido en la
maraña burocrática de juzgados abarrotados de grandes causas.
Quisimos mostrar de esta manera que
escuchamos, nos ocupamos y gestionamos para dar respuesta a la
demanda de los vecinos, pero el tiempo y la realidad nos muestra un
gobierno que basado en lo complejo que les resulta la problemática
en Rosario y Santa Fe –que tampoco resuelven y reclaman a gritos la
presencia de Gendarmería- minimiza el sur provincial en las
políticas de seguridad. Gobierno que sigue aferrado a un inexistente
plan de seguridad que fracasó y continúa enamorado de un proyecto
judicial que naufraga por falta de recursos pero no apoya estas
herramienta que desde la legislatura tratamos de brindar para dar un
respuesta cierta y efectiva a los santafesinos, así como lo hicimos
en su momento impulsando desde el Bloque Justicialista la Ley de
Emergencia en Seguridad en la provincia de Santa Fe.
Oficina de Prensa Diputado Darío
Mascioli
Presidente de Bloque FpV
